Es crítico que la información científica sobre los ecosistemas altoandinos que genera el proyecto se traduzca en instrumentos concretos de normativa, planificación y política para los sitios en los que se trabaja y para sitios similares. Sólo de esta forma se puede garantizar la conservación de páramos, punas y bosques que son claves para la región andina. Para lograr esto, el componente 2 del proyecto impulsa la integración de los beneficios ambientales dentro de instrumentos de política y planificación territorial, así como el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales, provinciales y locales de Ecuador y Perú, y de otros actores clave con los que el proyecto se relaciona. El componente 2 desarrolla su trabajo en base a tres estrategias:

Los Planes de Ordenamiento Territorial son los principales instrumentos de gestión de los gobiernos seccionales de Ecuador para el desarrollo y la planificación territorial, y para la priorización de la inversión pública. El trabajo del proyecto se inserta dentro del proceso de actualización de dichos planes, mientras que en Perú se concentra en la actualización de los Planes de Competitividad Regional. Apoyar la actualización de estas herramientas ofrece la oportunidad de incorporar criterios ambientales y de cambio climático en las visiones territoriales de largo plazo de los gobiernos locales, priorizando inversiones en acciones que promuevan el manejo sostenible de la tierra. A través de estos procesos, el proyecto está fortaleciendo la articulación de distintos niveles de gobierno y, en ciertos casos, potenciando el trabajo mancomunado entre varios gobiernos con quienes la construcción de la visión territorial va más allá de los límites políticos administrativos. El impacto de este esfuerzo se traduce en la voluntad de varios gobiernos de implementar acciones concretas para reducir la pérdida de ecosistemas y lograr sinergias entre la mitigación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Esto incluye la creación de ordenanzas municipales, la declaratoria de áreas para conservación y la protección de las fuentes hídricas.

También se trabaja en la creación y el fortalecimiento de áreas de conservación provinciales, municipales, privadas o comunitarias, para promover la conservación de la biodiversidad y garantizar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos críticos para el bienestar humano. En todos los sitios de intervención en Ecuador y Perú, las áreas protegidas en las que se está trabajando están insertadas dentro de paisajes intervenidos con la presencia de comunidades rurales. Por lo tanto, la declaratoria y gestión de estas áreas implica promover acuerdos locales y fortalecer mecanismos de gobernanza que potencien la participación de diversos actores. En los casos de Piura (Perú) y Pichincha (Ecuador) en donde ya cuentan con sistemas de áreas protegidas establecidos por sus gobiernos seccionales, se están reforzando las herramientas de gestión, identificando prioridades de trabajo para el futuro, y proponiendo modelos de gestión y mecanismos de financiamiento que potencien el impacto de los esfuerzos de conservación. Además, en ambos países, la declaratoria de nuevas áreas y el fortalecimiento de subsistemas regionales (Piura) o municipales (Pichincha) se inserta dentro los marcos normativos nacionales vigentes, fomentando la coordinación con las autoridades ambientales y la articulación con los sistemas nacionales de áreas protegidas.

El proyecto usa tres enfoques para el fortalecimiento de las capacidades institucionales. La más difundida es el acompañamiento técnico continuo a través de coordinadores locales o la asistencia técnica específica para generar información o contenidos que alimenten el diseño o actualización de las distintas herramientas de planificación o normativa. La segunda es la capacitación: se diseñan distintos módulos ligados a las necesidades percibidas por los actores para mejorar los instrumentos o metodologías para la planificación territorial y la implementación de prácticas de manejos sostenible de la tierra. La tercera, como eje transversal de trabajo en los distintos sitios, es la potenciación de la gobernanza y el fortalecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional considerando el contexto local.